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Jueves, 17 de Abril de 2014, Buenos Aires
  • 10-09-2007
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Noticias Aduaneras

La intimación a registrar la relación laboral

Nuestro sistema legal requiere el adecuado registro de la relación laboral para la correcta aplicación de las normas legales y convencionales que rigen el contrato de trabajo.
La forma de registrar la relación está regida por normas particulares de la ley nacional de empleo 24013, artículos 7° y 18, el inciso a) que imponen al empleador la inscripción del trabajador en el libro especial del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo y la inscripción del empleador ante la AFIP como responsable de los recursos de la seguridad social, y ante la obra social correspondiente a su actividad, y la afiliación del trabajador a la obra social. Además el empleador debe cumplir la obligación de informar el alta del trabajador al Registro de altas y bajas en materia de Seguridad Social (Resolución General AFIP 1891, texto actualizado y ordenado por la Resolución General 2016 (B.O. 21/03/06)

La falta de cumplimiento de estas obligaciones abarca situaciones en que se omite la registración en forma total o se cumple de manera retaceada pues se consigna una fecha de ingreso posterior a la real o se hace constar una remuneración menor de la que realmente se paga al trabajador. En ocasiones, el incumplimiento reviste una forma más elaborada pues se simula la existencia de una relación contractual diversa de la relación laboral o se acude a otros recursos para evadir la responsabilidad laboral incursionando en el terreno del fraude, que el legislador se ocupa de prevenir mediante las normas legales que describen sus variados supuestos y brindan soluciones correctoras (LCT, artículos 14, 18, 23, 27, 102 y concordantes)

Las consecuencias de la falta de registración o de la registración defectuosa son severas. El legislador ha establecido indemnizaciones especiales para estas situaciones. Dos normas concurren para su tratamiento, son las leyes 24013 y 25323. Ambas disponen indemnizaciones para la omisión de registración de la relación laboral. La Ley 24013 regula los casos del empleador que no registrare la relación laboral, del que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real y del empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador (respectivamente, artículos 8, 9 y 10 de la ley citada) En los supuestos mencionados las indemnizaciones que generan equivalen a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación no registrada (artículo 8°) a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada (artículo 9°) o a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas (artículo 10) según se trate de omisión total de registración, registro con fecha de ingreso posterior a la real o registro de remuneración menor a la real percibida.

La procedencia de estas indemnizaciones se sujeta a un procedimiento previo dirigido a lograr el correcto registro de la relación, pero que fracasa por la conducta del empleador que no regulariza lasituación. Para la procedencia de las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10° la ley 24013 se requiere que el trabajador o la asociación sindical que lo represente "cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones: a) intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, y b) proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior." La norma agrega que "Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia" (Ley 24013, artículo 11, texto según ley 25345, artículo 47)

El diseño normativo se completa con un agravamiento de la indemnización por despido si "el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos (2) años desde que se le hubiese cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido..." (Ley 24013, artículo 15. La duplicación indemnizatoria también procede en el caso del despido indirecto del trabajador (denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa) salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con la irregularidad de su registración y el empleador demostrare que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido (artículo citado)

Las indemnizaciones previstas por la Ley 24013 en los casos examinados no son aplicables a los trabajadores agrarios ni a los trabajadores del servicio doméstico (Decreto 2725/91, artículo 1°, texto según Decreto 688/92 , que dispone que los trabajadores a que se refiere el capítulo I - empleo no registrado - del Título II "De la regularización del empleo no registrado" de la Ley 24013 son los comprendidos en la Ley de contrato de trabajo. Esta norma no se aplica a los trabajadores agrarios ni a los trabajadores del servicio doméstico cuyas relaciones laborales se rigen por normas especiales, el Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la Ley 22248 y el Decreto Ley 326/56 respectivamente) (LCT, artículo 2°, incisos b y c).

En cambio, estas indemnizaciones son plenamente aplicables a los trabajadores de la construcción. La Suprema Corte de Buenos Aires ha resuelto que no existe incompatibilidad entre el artículo 8° de la Ley 24013, que establece una indemnización por la falta de registración de la relación laboral y el artículo 18 de la Ley 22250 que se refiere específicamente al incumplimiento por el empleador con la inscripción en el Registro de la Construcción (actualmente IERIC) siempre en relación al Fondo de Desempleo. La Corte interpretó que el artículo 8° de la ley nacional de empleo establece una sanción para el empleador que no cumpla la registración de la relación laboral en los libros de ley, tornando acreedor al trabajador no registrado de la indemnización que el mismo prevé, sin que exista norma alguna que excluya de su aplicación a los obreros de la construcción (voto del Dr. Hitters, en "Juárez, Mario c/ Artaza, Luis", SCBA 26/10/1999, DT, 2000-A, p. 619)

La intimación del trabajador o de la asociación sindical representativa de éste es clave para la aplicación de las normas citadas y su eventual consecuencia indemnizatoria para el caso de que el empleador no procediera a la registración correcta en el plazo indicado.

La Ley 25323 también ha dispuesto una consecuencia indemnizatoria cuando la relación laboral, al momento del despido del trabajador, no esté registrada o lo esté de modo deficiente. En este supuesto la indemnización por despido dispuesta por el artículo 245 de la LCT se incrementa al doble. Para la procedencia de esta indemnización no se requiere una intimación previa del trabajador para el correcto registro de la relación laboral. Por otra parte, la norma dispone que este agravamiento indemnizatorio no es acumulable a las indemnizaciones previstas en los artículos 8,9, 10 y 15 de la Ley 24013, referidas precedentemente. Se trata de indemnizaciones diferenciadas que no se acumulan y tienen diferentes requisitos.

1. La intimación prevista por la Ley 24013

El régimen indemnizatorio que dispone la ley nacional de empleo en los supuestos de ausencia de registración de la relación laboral o falsedad en el registro de su fecha de ingreso o de la remuneración del trabajador, requiere que el trabajador haya intimado previamente al registro de la relación laboral o de los datos verídicos que hemos mencionado. Si el empleador no registra correctamente la relación o sus datos verídicos (fecha de ingreso y remuneración) pese a la intimación, se generará la consecuencia indemnizatoria, pero el objeto primario de la intimación es lograr que el empleador registre la relación laboral de acuerdo con las exigencias legales. Las indemnizaciones previstas por la ley nacional de empleo se generarán ante la persistencia de la conducta ilegal del empleador que no cumple la intimación cursada fundadamente por el trabajador. Corresponde examinar los requisitos de la intimación y sus alternativas, pues desencadena conductas que serán significativas para el desarrollo ulterior de la relación jurídica o para su extinción con las mencionadas consecuencias indemnizatorias. No obstante, es oportuno señalar que la procedencia de las indemnizaciones dispuestas por los artículos 8,9 y 10 de la Ley 24013 no está condicionada a la previa extinción del contrato de trabajo (Ley 24013, artículo 14) aunque generalmente el conflicto suele culminar en el despido indirecto declarado por el trabajador ante la negativa de la relación laboral o de los hechos invocados en la intimación.

2. Requisitos de la intimación

2.1. Vigencia de la relación laboral.

La intimación prevista por el artículo 11 de la Ley 24013 debe realizarse durante la vigencia de la relación laboral, para que produzca los efectos previstos en la norma citada. (Decreto 2725/91, artículo 3°).

2.2. La comunicación a la AFIP

El incumplimiento de este requisito afecta únicamente a las indemnizaciones previstas por los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 24013 y no a la prevista por el artículo 15 de la misma ley (CNTrab, sala VII, 15/07/2004, "Blanco, Juan c/ Visconti, Angel " TySS, 2004, p. 967, CNTrab, sala VII, 28/06/2005, "Millara, José c/ Lavot SRL" DT 2006 - A, p. 74) en tanto se hubiera cursado la intimación dirigida al empleador de manera plenamente jusitificada (CNTrab, sala X, 27/06/2002, "Milessi, Juan c/ T.E.B. SRL y otros" DT, 2002-B, p. 1979).

2.3. Plazo de cumplimiento

El plazo de treinta días se cuenta en días corridos (Decreto 2725/91, artículo 3°).

Si existe una causa justificada que impida la continuación de la relación laboral, el trabajador no está obligado a aguardar el transcurso del plazo de treinta días fijado por la norma para que procedan las indemnizaciones establecidas por la ley de empleo. Se ha considerado que "la exigencia del plazo de 30 días para dar lugar al despido con motivo del incumplimiento de la intimación constituye una mera formalidad cuando resulta evidente que no podía esperarse ninguna regularización de quien rechazó aquélla de manera equivocada, alegando la extinción del vínculo en fecha anterior y desconociendo el horario de trabajo y remuneración denunciados, así como la deuda salarial" (SCBA, 19/07/2006, "Piragino, Molina c/ Talice, Carlos y otro s/ despido" TySS, 2006, p. 945) En igual sentido, sobre la procedencia de la multa prevista en la ley 24013 aunque el trabajador rompa su contrato antes del transcurso de los 30 días cuando resulta manifiesta la actitud del empleador de incumplir su obligación de inscribirlo en el plazo referido (CNTrab, sala I, 30/08/2004, "Vercelli, Elvira c/ Consorcio de Propietarios Pueyrredón 1824/34", DT 2005- A, p. 62) o cuando la demandada negó el vínculo laboral, pues ya manifestó su intención no cumplir con la requisitoria fundada en la ley de empleo (CNTrab, sala V, 9/09/2004, "Roldán, José c/ El Pimpollito SRL y otro" DT 2005 - A, p. 666)

Pero a la par que no constituye una obligación del trabajador aguardar el plazo legal de 30 días cuando la relación laboral es negada, el empleador no se exime de la obligación de registrar la relación laboral por la extinción del contrato comunicada por el trabajador antes del vencimiento del plazo. En un caso judicial, frente a la argumentación del demandado que invocaba que se avino a registrar la relación laboral del actor al ser intimado por éste, y que no llegó a concretarlo por cuanto el trabajador no presentó la documentación pertinente y se consideró despedido antes de la finalización del plazo de 30 días previsto por el 11 de la Ley 24013, el tribunal consideró que la circunstancia de haberse extinguido el vínculo contractual durante el transcurso de dicho plazo en nada conmueve la responsabilidad del demandado, derivada del incumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación laboral por el lapso ya transcurrido. Además, se tuvo en cuenta que "si bien el artículo 3° del Decreto 2725/91 exige que la intimación en los términos del artículo 11 sea efectuada durante la vigencia de la relación laboral, no impone, en cambio, que tal vigencia se extienda al tiempo de la regularización, ni que al trabajador le esté vedado extinguir el vínculo durante el plazo establecido por la norma aludida, cuyo destinatario y beneficiario es el empleador , acorde a los fines perseguidos con su sanción" (CNTrab, sala IV, 21/12/2001, "Lacuesta, Cristian c/ Platas, José" DT, 2002-A, p. 977, voto del Dr. Lasarte)

El plazo está acordado por la ley como una defensa que puede invocar el empleador, si prueba que durante su transcurso ha procedido a la correcta registración del trabajador y de este modo liberarse de pagar las indemnizaciones (CNTrab, sala IV, 19/07/2002, "Gaona, Juan c/ Papelera Luján S.A." DT, 2002-B, p. 2302)

El desconocimiento de la relación laboral implica que el emplazado no cumplirá ningún requerimiento a registrarla correctamente. En un caso se ha considerado que al guardar silencio sobre la expresa intimación o negar el vínculo laboral la accionada ha demostrado que no cumpliría ningún requerimiento de ese carácter, por lo que no habría resultado trascendente que el trabajador le hubiera otorgado 30 días cuando el que luego se probó que era su patrono ya le había anticipado que no se consideraba tal (CNTrab, sala X, 25/02/2004 "Rumi Arabehety, María c/ Serra Lima, María y otros" D.T. 2004-B, p. 1085).

2.4. El texto de la intimación

La comunicación del trabajador no se puede reducir a una mera intimación a regularizar la inscripción de su relación de trabajo. La norma requiere que además de la intimación al empleador para que proceda a la inscripción, establezca la real fecha de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, el trabajador indique la real fecha de ingeso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa (Ley 24013, artículo 11, texto modificado por la Ley 25345).

No basta la intimación que se limita a manifestar "cumpla la ley 24013" pues en ese caso se ha considerado que no se denuncia falta de regularización o existencia de una registración parcial o errónea, ni se intima para que en plazo alguno se proceda a su efectiva regularización o se corrija una situación irregular (CNTrab, sala X, "Oyoque, Oscar c/ Externalización Global S.A y otro" DT 2001-A, p. 1001)

Además, se requiere que la intimación sea practicada en forma fehaciente, por lo que no se admite una comunicación verbal y se ha considerado inadmisible el argumento relativo a que no se dirigió una intimación al lugar de trabajo pues habría sido recibida por la propia actora (CNTrab, sala VI, 25/08/2000, "La Porta, Silvia c/ Simeone, Mario" DT, 2001-A, p. 118)

La ley exige que se cumplan los requisitos de la intimación, que determina en forma expresa al requerir que el trabajador indique la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Desde luego que una registración inexistente puede ser confrontada con mayor amplitud por el trabajador que cuando hay una registración parcial que requiere controversia de sus elementos erróneos que deberán ser indicados con precisión. No obstante, se ha considerado, de acuerdo con la interpretación de las normas según su significado jurídico profundo que prevalece sobre la literalidad de los vocablos utilizados, la viabilidad de la multa dispuesta por el artículo 8° de la Ley de empleo, ya que la exigencia del cumplimiento estricto de los requisitos de la intimación del artículo 11 de esa norma es a los fines de posibilitar el contradictorio que puede generarse en el intercambio telegráfico, pues el empleador se eximirá del pago de las indemnizaciones cuando diera total cumplimiento a la intimación y en el caso concreto el demandado evidenció claramente su voluntad de no regularizar el vínculo jurídico al omitir registrar a su dependiente, por lo que debe admitirse la procedencia de la multa dispuesta en el artículo 8° de la Ley 24013 si bien el actor intimó al empleador a los efectos que procediera a su registración con una fecha de ingreso diferente a la que luego quedó admitida (CNTrab, sala X, 10/08/2000, "Gallico Macadar, Alejandro c/ Aboud, Elías y otro" DT 2001-A, p. 302)

Pero la fecha de ingreso invocada en la intimación debe corresponder a la manifestada en la demanda, de lo contrario se perjudica el reclamo de la multa de la Ley 24013 (CNTrab, sala VIII, 15/07/2002, "Aguilar, Fermín y otros c/ Escuela J.N. Bialik, Asociación sin fines de lucro y otros" DT 2003-A, p. 359) En esta causa, uno de los demandantes indicó en el requerimiento de regularización registral una fecha de ingreso incorrecta, dos años anterior a la denunciada en la demanda, que se tuvo por cierta.

3. Conclusión

Como se expresó, la intimación del trabajador a registrar correctamente la relación laboral es necesaria para la procedencia de las indemnizaciones que la ley 24013 establece en el supuesto de que el empleador no regularizare la registración del contrato en la forma prevista por la ley. La intimación desencadena la posibilidad de un intercambio de comunicaciones en el que las partes pueden fijar sus respectivas posiciones y genera un diálogo formal que debería tener por finalidad la conservación del contrato en tanto estimulara de manera eficaz la aplicación de las normas laborales a los verdaderos datos de esa relación jurídica, mediante la exteriorización en los registros dispuestos por las normas, del carácter laboral de esa relación jurídica, de la fecha de ingreso, y la remuneración percibida por el trabajador. Desde luego, que la intimación pone la crisis en el plano de las comunicaciones pues denota la invocación de una relación irregular cuya regularización se emplaza.

El requisito de la buena fe que debe primar en el comportamiento de las partes (LCT, artículo 63) aún cuando se trate de una relación irregular servirá para apreciar el significado de sus actitudes y respuestas para determinar si se logra encauzar una relación defectuosa en su exteriorización registral o se aplican las indemnizaciones legalmente previstas. Finalmente, corresponde observar que la ley ha utilizado la expresión "indemnizaciones" (Ley 24013, artículos 8,9,10,11 y 15) aunque su carácter sancionatorio para un empleador renuente o contumaz resalta también en los fallos citados que en ocasiones se refieren a las "multas" de la Ley 24013. La doctrina ha señalado este doble carácter, denominándolas con una expresión ambivalente como "multas/indemnizaciones" (Conf. Sudera, Alejandro "Las "multas/indemnizaciones" de la ley de empleo y su operatividad", DT 1999 -B, p. 2020)

Fuente: El Cronista Comercial - Sup. fiscal - Pág. 4